Para el Concejo de Pueblos Originarios, la justicia lingüística es el reconocimiento pleno del derecho que tienen todas las personas a expresarse, comunicarse y acceder a servicios fundamentales en su propia lengua, sin discriminación, exclusión o temor.
Durante nuestro proceso organizativo en la ciudad de Nueva York, comprendimos que muchos de los migrantes indígenas más vulnerables enfrentaban múltiples formas de injusticia derivadas de las barreras lingüísticas. Miles de hermanas y hermanos llegaron a esta ciudad sin documentos básicos, sin acceso a información adecuada y sin la posibilidad de comunicarse en español o inglés. Esta situación no es casual; es consecuencia de siglos de exclusión y de políticas educativas que históricamente han menospreciado y reprimido nuestras lenguas originarias.
Los pueblos indígenas migrantes no solamente enfrentan las dificultades propias de la migración, sino también las secuelas de la imposición lingüística y la discriminación estructural que han limitado el ejercicio pleno de nuestros derechos.
Desde nuestros primeros espacios públicos de participación, asumimos la defensa de las lenguas indígenas como una tarea fundamental. Reivindicar nuestras lenguas en espacios públicos y gubernamentales ha significado también reivindicar nuestra existencia, nuestra dignidad y nuestra condición de pueblos originarios.
Como organización, impulsamos acciones permanentes para garantizar un acceso más justo y digno a los servicios públicos para las personas hablantes de lenguas indígenas. Hemos promovido el diálogo y la incidencia con diversas instituciones para sensibilizar sobre la necesidad de brindar atención cultural y lingüísticamente pertinente, especialmente en áreas tan importantes como la documentación, la salud, la seguridad pública y el acceso a la justicia.
Asimismo, desarrollamos talleres, espacios de formación y procesos de actualización dirigidos a traductores, intérpretes y promotores comunitarios, reconociendo que la interpretación en lenguas indígenas constituye una herramienta indispensable para el ejercicio efectivo de los derechos humanos.
Para el Concejo de Pueblos Originarios, la justicia lingüística no se limita a la traducción de palabras; implica transformar las condiciones de exclusión histórica que han afectado a nuestros pueblos y construir una sociedad en la que ninguna persona sea discriminada, invisibilizada o privada de sus derechos por hablar una lengua originaria.
Creemos firmemente que nuestras lenguas son patrimonio vivo de la humanidad y que su preservación, fortalecimiento y transmisión a las nuevas generaciones constituye una responsabilidad colectiva.
Porque cuando una lengua es respetada, también lo son la historia, la memoria y la dignidad de los pueblos que la hablan.